Las referencias más dramáticas de la situación que vive el país en 2010, a 42 años de los acontecimientos del 2 de Octubre de 1968 en Tlatelolco son: más de 28 mil muertos en los últimos tres años de la llamada “Guerra contra el narco”, ahora renombrada como “Lucha por la seguridad pública”; los cientos de miles de jóvenes rechazados de los sistemas de enseñanza media y superior, y los 7 millones de jóvenes sin empleo –cerca del 30 por ciento de la población en edad de trabajar—.A esta visión fotográfica de lo que sucede en México, debe añadirse la perspectiva agobiante de la crisis económica mundial en sus múltiples manifestaciones, y los anuncios ominosos de las políticas públicas antipopulares, represivas, violentas y de control opresivo con las que se pretende sofocar el descontento social.
Las actividades y marchas conmemorativas de los sucesos de Tlatelolco que se han venido realizando año con año, con la divisa de “2 de Octubre No se Olvida” han sido verdaderas jornadas de lucha popular en las que no sólo se refrendan las reclamaciones históricas y los asuntos pendientes, sino también los temas y casos de actualidad referidos a las prácticas de violencia política ejercida por el sistema en sus modalidades de fuerza militar o policíaca con sus complementos judiciales y mediáticos. Se trata de las mismas situaciones vividas con especial gravedad en el movimiento estudiantil de 1968, ahora restablecidas en sus contenidos, aunque con nuevas maneras o disfraces en la situación actual, obligando al pueblo a responder puntualmente y en cada ocasión a las formas violentas que se ejercen en su contra, con la notable y ejemplar característica de que se trata de movimientos de resistencia pacífica que hacen uso de los recursos legales de los que se puede disponer.
Esto ha conducido a una creciente conciencia popular de las políticas, procedimientos de gobernabilidad, control de los movimientos sociales y de oposición diseñados y aplicados por el sistema político prevaleciente, a partir de la estructura institucional de los poderes de la República, pero también de los llamados poderes fácticos, consistente en una práctica de violencia sistemática e incluso extrema que no ha dudado en transgredir su propia legalidad para hacer prevalecer sus privilegios económicos y políticos.
La contraparte de la práctica abusiva y desviada de ejercicio del poder ha sido la conciencia creciente de que los movimientos sociales se han venido constituyendo también en un poder fáctico, que dentro de la legalidad puede determinar también decisiones trascendentes. Desde el movimiento social hemos reclamado reformas legislativas para abrir mecanismos legales y democráticos de revocación de mandatos para todos los niveles de gobierno, medios eficaces para recurrir a juicio político de funcionarios coludidos con los criminales de todo tipo, incluyendo jueces cómplices de narcotraficantes, de secuestradores, etc.
Por esta razón se hace necesario ejercer organizadamente el poder fáctico que potencialmente se ha constituido con una participación sistemática y organizada programáticamente con las demandas que hemos enarbolado desde la perspectiva de los intereses de los movimientos sociales. Para ello habremos de acrecentar la disposición a ejercer nuestra capacidad de orientación del voto ciudadano en campañas de diverso tipo, que pueden ir desde la abstención generalizada hasta campañas de veto y objeción a partidos y candidatos que actúen como cómplices o encubridores de ex gobernantes genocidas y de políticas represivas potencialmente semejantes.
En los planteamientos y declaraciones del Comité 68 hemos tenido especial cuidado en no partidizar nuestras reclamaciones específicas de castigo a los ex gobernantes responsables de los crímenes de genocidio y a sus cómplices actuales, y en esta línea de actuación seguiremos en consonancia con la caracterización como “Crimen de Estado” que hemos sostenido respecto a esos hechos. Ahora que nuestros litigios se han empezado a dirimir en tribunales internacionales y que ya se cuenta con sentencias condenatorias al Estado Mexicano (la primera fue la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Rosendo Radilla de noviembre de 2009), se han establecido de manera puntual resoluciones que obligan a corregir la denegación de justicia y la impunidad, con el valor adicional de que en las sentencias mismas se obliga al gobierno a hacer público el proceso de corrección requerido, lo que en consecuencia resalta el deslinde de las responsabilidades personales y de cada uno de los poderes.
En el caso del legislativo, al que le corresponden prácticamente todas las acciones de remediación, se deben registrar con todo detalle, las posiciones, iniciativas y el comportamiento de cada legislador y de su partido, porque hoy en México no se vive un régimen de partido único, sino que se encuentra una distribución del poder entre diversos partidos con intereses y propósitos formalmente diferentes, pero que operan con turbias prácticas de negociación entre ellos y al margen de los intereses populares, incluso cuando han sido explícitamente advertidos de las implicaciones negativas de decisiones que están en curso, como ocurrió en el Senado con la aprobación de la minuta de la Ley de Seguridad. En la agenda de temas de seguridad y justicia destacan numerosas cuestiones que han sido expuestas por el movimiento social, ante los cuales los legisladores y los funcionarios gubernamentales aparentan no conocer los diagnósticos y reclamos de solución reivindicados por el pueblo. Hace apenas unos años se recolectaron y entregaron a la Cámara de Diputados más de dos millones de firmas de ciudadanos opuestos a la privatización de la industria eléctrica que fueron ignoradas. Lo mismo ocurrió con los cientos de miles de amparos solicitados a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los trabajadores del Estado en contra de las modificaciones regresivas de la ley del ISSSTE.
En el presente, los casos más graves son la represión anti obrera (destacadamente contra electricistas y mineros) encaminada a imponer un nuevo marco de relaciones laborales; las medidas de violencia tanto abierta como encubierta con la que se pretende contener el flujo migratorio de la población, ahora complejizadas por acciones coordinadas en ambos lados de la frontera, y la ominosa amenaza que se cierne sobre los jóvenes estigmatizados con el nada gracioso y sí peyorativo apelativo de “Ninis”, que conlleva la intención, de señalarlos como una de las fuentes principales de delincuencia, o sea criminalizar su condición social de la que no son responsables, sino en todo caso víctimas de las políticas neoliberales instrumentadas en los últimos 30 años.
No podemos dejar de mencionar una serie de asuntos pendientes y de acciones políticas y legislativas en curso que si se abren y se dan las bases para que se empiecen a resolver positivamente pueden ser indicativas de una disposición a abrir las vías de una verdadera procuración e impartición de justicia en el país.
1.- En el caso de los procesos penales en contra de Luis Echeverría y las cincuenta y dos averiguaciones previas concluidas en 2005 que no se han consignado, se requiere que se suspenda el estado de inacción de la PGR y se reactive con toda intensidad la disposición punitiva del Estado respecto a crímenes que se le imputan. Esta nueva disposición debe iniciarse con la aclaración pública de la situación de “libertad bajo las reservas de ley” con la que se le suspendió la prisión domiciliaria a que Echeverría estuvo sujeto durante 2 años por el delito de genocidio. Aunque la libertad bajo reservas de ley, no significa que Luis Echeverría haya sido exonerado, es evidente que se trata de otorgarle impunidad. La complicidad de la propia PGR en esa maniobra, está acreditada por la inacción del Ministerio Publico para presentar como agravios ante el Tribunal de amparo, la supuesta falta de pruebas que incriminaran directamente a Echeverría.
En la lógica particular del litigio han tomado relevancia y actualidad los elementos y pruebas supervinientes de la responsabilidad de Luis Echeverría en delitos contra la salud, en la modalidad de promoción de las drogas para modelar y controlar el comportamiento de los jóvenes, con las evidencias registradas en el llamado “Festival de Avándaro” de septiembre de 1971, apenas tres meses después de la masacre de estudiantes del 10 de junio.
Desde el punto de vista metodológico y doctrinal, resaltan dos promociones judiciales que no han tenido respuesta explícita: El embargo precautorio de todos los bienes de Luis Echeverría para cubrir las indemnizaciones correspondientes a las víctimas de sus acciones criminales, en concordancia con las medidas de la nueva estrategia de combate al crimen organizado, mediante acciones de extinción de dominio y la reapertura del juicio al expresidente, incluyendo en la nueva consignación los cargos por delitos contra la salud, con el reconocimiento del hecho de que si bien es cierto que el narco ha infiltrado las estructuras del Estado, también es cierto que antes el gobierno promovió al narco con el interés político de desmovilizar a la juventud para controlarla.
2.- Desde noviembre del año pasado, conocimos y celebramos la resolución categórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado Mexicano por el caso del desaparecido Rosendo Radilla la cual, incluye una serie de puntos de amplia trascendencia e interés jurídico para los siguientes casos que se están examinando en las mismas instancias internacionales: 10 de Junio de 1971, 2 de Octubre de 1968. Sin embargo, como conocedores de las malas artes de las autoridades mexicanas, antes que festejar anticipadamente y relajarnos por lo logrado en las resoluciones, constituimos junto con otras ocho organizaciones de familiares y víctimas de crímenes de lesa humanidad, el Comité de Seguimiento y Vigilancia de las Resoluciones de la Corte. Nos alienta la advertencia contenida en la resolución de que el Estado Mexicano cuenta con el plazo de un año para informar puntualmente a la Corte los alcances logrados en todos y cada uno de los puntos de la resolución. Pero lamentamos que a tres meses de que se cumpla el plazo establecido, prácticamente no hay nada sustancial de las medidas requeridas para remediar el estado de denegación de justicia prevaleciente. En los tres meses restantes antes de que se cumpla el plazo señalado, la carga de los asuntos pendientes se deberá centrar en el poder legislativo, como espacio idóneo para abordar todo lo conducente, y romper de tajo, hipotéticamente, con el perverso juego de cada uno de los poderes de no asumir las responsabilidades propias.
3.- Leyes de exoneración. De especial significación es el trámite legislativo de la nueva Ley de Seguridad Nacional congelada en la Cámara de Diputados por las numerosas objeciones levantadas en el mismo momento en que en la Cámara de Senadores aprobaban el dictamen correspondiente. La maniobra política de hacer prácticamente una exoneración del ejército por los sucesos del 68 y años posteriores, también se explica por el interés de buscar una exoneración del poder ejecutivo actual, por la utilización del ejército con graves violaciones a la Constitución, –sin marco jurídico explícito en la guerra contra las drogas. Violaciones tales como el dotar de capacidad de decisión y de mando a civiles para la utilización discrecional del ejército y de la Policía Federal por encima del Ejército mismo han estallado haciendo prácticamente imposible restablecer las condiciones para la aprobación de ésta Ley, pero no por ello vamos a dejar de estar atentos del curso de esos propósitos legislativos.
4.- Los puntos anteriores ilustran la enorme complejidad que se tiene para reordenar la vida política del país en un ambiente civilizado, sin la utilización de la violencia como elemento abierto o encubierto para dirimir las diferencias y dar cauce a las demandas populares. En numerosos asuntos de la vida nacional la violencia física, jurídica y procesal, e incluso mediática, está adquiriendo niveles alarmantes. La responsabilidad política general recae en las más altas autoridades. Hoy se mantiene la apariencia de una supuesta vida institucional que sólo se usa para encubrir los crímenes del pasado y preparar las mejores condiciones para favorecerse de los mecanismos de fuerza en las coyunturas presentes y en las luchas políticas que se están librando con especial ferocidad en la perspectiva de las elecciones federales del 2012.
En fin, es enorme la lista de los nuevos agravios de la autoridad y los poderes en contra de la población y sus organizaciones. Habrá que hacer el balance de los casos de las represiones en contra de los pueblos movilizados en torno de la APPO; los agravios en contra del pueblo de Atenco; las familias afectadas en Pasta de Conchos; los niños de la Guardería ABC del IMSS en Hermosillo, Sonora; la agresión y persecución perpetua en contra de las Comunidades Zapatistas; la represión en contra de los Triquis en Copala, Oaxaca; la infinidad de mexicanos inocentes afectados por las acciones militares y de las diversas policías en el transcurso de este fenómeno conocido con el eufemismo “Lucha por la seguridad pública y contra la delincuencia”, donde hay que destacar a los pobladores de Reynosa; los jóvenes acribillados en Ciudad Juárez y en el Tecnológico de Monterrey; niños y familias enteras asesinadas en los retenes militares, etc., ante cuyos casos y los reclamos de justicia de sus familiares y de la población, los poderes de la unión permanecen impávidos, cínicos e irresponsables.
Por todo lo anterior, explicitamos estas consideraciones de balance de la situación política general en los temas que nos conciernen; anunciamos nuestra disposición a ejercer los derechos y obligaciones políticas y morales que tenemos ante la sociedad y nuestro pueblo, y llamamos a todos nuestros compañeros y amigos, a los movimientos sociales actuales a redoblar todos los esfuerzos necesarios para sentar un precedente imperecedero de que los crímenes contra el pueblo se deben castigar con todo rigor para alejar en definitiva el riesgo y la tentación de que esos métodos de gobierno se repitan.
Alto a las políticas económicas genocidas neoliberales
Educación y empleo para los jóvenes
¡2 de Octubre No se Olvida!
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