Informe alternativo sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflicto armados.
Violencia armada, Estado e Interés Superior de la Infancia, Niños y niñas víctimas inocentes de la agresión.
En México existe un clima de violencia generalizada; donde balas perdidas, fuego cruzado en zonas cercanas a escuelas, ataques directos, masacres juveniles etc., hacen que la paz y tranquilidad necesaria para el desarrollo adecuado de niños y niñas se vea afectada, haciendo crecer el temor por su seguridad.
Desde diciembre del 2006 el Gobierno federal decidió emprender acciones militares contra el narcotráfico, con la intención expresa de contener su avance en el territorio nacional. Más allá de la legitimidad y buena intención de esta decisión, los estragos de la violencia armada en el país son altamente preocupantes. Más de 34 mil asesinatos, y entre ellos más de mil niños, niñas y adolescentes perdieron la vida, para quienes la impunidad es la respuesta generalizada.
En México no se reconoce la existencia de una guerra, pero frecuentemente los gobernantes la usan en sus discursos; sin embargo, es necesario reflexionar sobre ello. ¿Cómo se define la violencia que vive el país?, ¿cómo se encuentra un camino de salida que fortalezca la institucionalidad?, ¿cómo prevenimos que la infancia se vea afectada en esta confrontación?, ¿cómo atendemos y reparamos el daño de las víctimas?.
Uno de los impactos más lamentables de este conflicto está en la pérdida de vidas humanas, especialmente de niños y niñas. Es pertinente traer a la memoria a la bebé Elizabeth Martínez que fue asesinada en un enfrentamiento entre el ejército y delincuentes en diciembre del 2009; recordar las masacres de niños y jóvenes en Ciudad Juárez en enero del 2010 donde 12 adolescentes y 3 jóvenes fueron asesinados.En octubre se repetiría otra masacre en la misma ciudad con 14 adolescentes y jóvenes asesinados. Otro asesinato masivo sucedería en marzo del 2010 en la sierra del Estado de Durango donde perdieron la vida 10 jóvenes, entre ellos 7 menores de edad; a principios de Abril del 2010, en el Estado de Tamaulipas, Martín y Bryan de 9 y 5 años de edad murieron al recibir disparos de militares en Nuevo Laredo. El 15 de abril del mismo año, una niña de 8 años y su hermano de 12 años murieron junto con su madre, al encontrarse en fuego cruzado entre narcotrafi cantes y militares en la ciudad de Acapulco, Guerrero. La lista continúa y alcanza más de mil asesinatos de niños, niñas y adolescentes donde la impunidad de los criminales es la respuesta generalizada.
Una de las funciones del Estado es garantizar la seguridad e integridad de sus ciudadanos y de forma particular ponderar el derecho de niños y niñas a una vida libre de violencia. Fue por ello que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas instó a México en 2006, a que “investigue debidamente los casos de violencia y abuso contra niños a fin de evitar que los autores permanezcan en la impunidad”. Desafortunadamente, observamos cómo se incrementa la violencia contra este segmento que representa el 33% de la población nacional, dejando en el tiempo una estela de casos paradigmáticos donde se normaliza el castigo corporal y los tratos humillantes, la violencia de género contralas niñas, el incremento en las tasas de homicidio y la ausencia de investigación para detener a los responsables de la agresión.
La actuación del Estado Mexicano, en sus distintos niveles de gobierno federal, estatal y municipal, se ha visto superada por el impacto que este conflicto tiene en la vida social. En algunos casos, su actuación frente a los niños y niñas víctimas de agresiones ha resultado contraria a los derechos de la infancia. Lamentablemente, no existe una acción articulada, preventiva y afirmativa de derechos; en contraste, encontramos ausencia de ‘protocolos de seguridad para la niñez’ en el marco de las acciones armadas. Observamos que se incrementa el ‘estigma’ en contra de niños y niñas que fallecen en las acciones militares contra el narcotráfico, a quienes de inmediato se les asocia con actividades delictivas, sin pruebas, ni investigación. Quizás por esta razón la mayoría de los decesos de infantes se han quedado en la impunidad.
Uno de los temas más sensibles de este conflicto está en el papel del ejército en el combate a la delincuencia organizada, las violaciones a los derechos humanos y la escasa investigación de las agresiones realizadas por las mismas fuerzas de seguridad mexicanas.
El gobierno federal ha considerado que la única alternativa para el combate al delito ante la infiltración de las policías federales, estatales y municipales, es implicar al ejército mexicano y la marina, sin un marco jurídico que respalde la nueva responsabilidad y enfrentando el riesgo histórico de ser participe de crímenes sin investigación por las autoridades civiles. Esto último está en contrasentido con las recomendaciones emanadas del Examen Periódico Universal realizado a México en junio de 2009. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha señalado el notable incremento de las denuncias contra las fuerzas militares por violaciones a los derechos humanos, sin que ello lograra cuestionar la inmunidad que representa el ‘fuero militar’.
Fue así que el ejecutivo presentó al poder legislativo un proyecto de iniciativa de reforma a fin de sancionar a los militares por torturas, violación y desaparición forzada, dejando en jurisdicción militar delitos tan graves como el homicidio.
Actualmente, no existe información oficial y pública para conocer el número de niños y niñas detenidos, heridos y asesinados en la lucha contra el delito organizado. Los medios de comunicación y organizaciones sociales nos aproximamos a los datos con conteos hemerográficos, que sólo pueden ofrecer tendencias de la violencia contra la niñez mexicana.
Frente a este panorama, la Red por los derechos de la infancia en México (REDIM) ha manifestado en diversos momentos su profunda preocupación por las dificultades que enfrenta el Estado Mexicano, a nivel federal, estatal y municipal, para garantizar los derechos de protección a niños y niñas. Nos encontramos entre los países donde la delincuencia organizada se confronta con el Estado por el control territorial, ya que cuenta con grupos armados y gran poder económi co para corromper a funcionarios públicos y cuerpos de seguridad de todos los niveles. Desde la REDIM pensamos que es pertinente reconocer la existencia de un “conflicto armado singular”, donde el crimen organizado no se plantea necesariamente tomar el poder político, sino generar condiciones de ilegalidad y fragmentación de las instituciones públicas para garantizar un margen de maniobra que les permita tener poder y control económico.
Reconocer a niños y niñas como sujetos de derecho y cambiar paradigmas sobre la infancia es parte de las rupturas que representa la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). En el mundo entero el discurso de los “Derechos de la infancia” se ha posicionado, lo cual no ha significado necesariamente el cumplimiento del principio rector del “Interés superior de la infancia”. Es decir, la mayor parte de las decisiones políticas, económicas y sociales se realizan sin considerar el impacto que tendrá en la vida de niños y niñas. Es por ello que aún no alcanzamos un cambio sustancial en la vida de niños y niñas en los distintos países. A más de veinte años de la Convención, podemos reconocer avances discursivos, legislativos y en algunos países la existencia de políticas públicas con enfoque de derechos de la niñez. Pero aún en México está pendiente la creación de un Sistema nacional de protección de derechos de la infancia, que permita articular las políticas públicas y los esfuerzos de los tres poderes: legislativos, ejecutivo y judicial.
Han transcurrido dos décadas desde la discusión y consenso que permitió la Convención sobre los derechos del niño, pero quizás pocos lograron vislumbrar que en algunos años la infancia se vería amenazada por una nueva forma de explotación por parte de la delincuencia organizada que venía creciendo dentro y fuera de los Estados, que con un poder económico y corruptor sin precedentes, vendría a trastocar la institucionalidad de gobiernos de todo el mundo. Es interesante hacer notar que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 2000) se concentra en el ámbito de la seguridad del Estado y el combate articulado contra la ilegalidad pero aún no alcanza a reconocer su impacto en niños, niñas y jóvenes.
Niños y niñas han sido convertidos en mercancía/objeto que se compra-vende-explota-asesina. Posterior a la Convención sobre los Derechos del Niño, se avanzó en dos protocolos facultativos, uno sobre “la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía” y otro más relativo a “la participación de los niños en los conflictos armados”. Dichos protocolos se convierten en una oportunidad para recomendar a los Estados acciones que protejan claramente a la infancia del impacto que alcanza el crimen organizado trasnacional en cada país.
Es por ello que las organizaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México decidieron ofrecer información al Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas después de coincidir en la generalización de la violencia y la creciente presencia del delito organizado, lo cual representa un desafío para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niños y niñas.
Para garantizar el interés superior de la infancia las autoridades necesitan definir acciones preventivas para frenar totalmente el asesinato y daños en contra de niños y niñas por parte de la delincuencia organizada y las autoridades mexicanas. Es necesaria una profunda investigación sobre los hechos antes señalados, fincando responsabilidades a funcionarios implicados por omisión y/o violación de derechos, castigando a todos los responsables de los mismos e indemnizando a las familias que han perdido a sus hijos e hijas. Es obligación de las autoridades ofrecer información detallada sobre el número de niños y niñas que han sido víctimas, huérfanos, detenidos y asesinados en este contexto de lucha armada contra el crimen organizado en la presente administración.
Es urgente avanzar en una nueva institucionalidad para atender la infancia, a través de la creación de un Sistema nacional de protección de derechos de la infancia que incluya una Defensoría independiente, encargada de investigar con imparcialidad los casos de violaciones a los derechos de niños y niñas, en la línea de lo que establece la recomendación del párrafo 11 Comité de los Derechos del Niño de la ONU al Estado Mexicano de 2006, y de su Observación General no. 2 sobre el papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño.
brero, se ha detenido a numerosos integrantes del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas (CARZCH). La lucha que ha venido impulsando el Consejo contra las altas tarifas de luz, de autoorganización de pescadores, comunidades y mujeres, además de una fuerte solidaridad con las luchas chiapanecas y nacionales representa ahora uno de los objetivos de dicha política represiva. Precisamente cuando terminaba una movilización pacífica en apoyo a los detenidos en Bachajón, 16 integrantes del Consejo han sido detenidos, utilizando las amenazas de ser procesados bajo delitos como ataques a las vías de comunicación y asociación delictuosa.
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