DECRETAZO PROMILITAR

Después de que en el sexenio de Calderón el Ejército ha recibido más de 50% de las recomendaciones que la CNDH le ha girado desde 1990, y cuando se analiza la iniciativa de ley para que las Fuerzas Armadas puedan establecer estados de excepción en algunas regiones del país, Felipe Calderón se lava las manos de los actos que en adelante puedan cometer los militares que él comanda en su guerra contra el narcotráfico.

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

El presidente Felipe Calderón se deslinda de las acusaciones contra su principal aliado, el Ejército, al darle más facultades al procurador general de Justicia Militar para enfrentar al Congreso o a gobiernos estatales y municipales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que la Presidencia de la República asuma las responsabilidades que le correspondan.

El miércoles 22, el presidente Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que deja sola a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en los juicios o acciones legales que se emprendan contra los militares.

El decreto, que está en vigor desde el jueves 23, reformó el Reglamento Interior de la Sedena para que sea el propio Ejército, a través de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), el que haga frente a cualquier acción legal que se enderece en contra del Ejecutivo por actos imputables a la actuación de los militares.

El presidente de la República, quien de acuerdo con la Ley Orgánica del Ejército es su comandante supremo, evitará de esta manera asumir directamente los juicios que se lleguen a presentar contra el Ejecutivo por la participación de esa fuerza armada en el combate a la delincuencia organizada, en especial por violaciones a los derechos humanos, o en caso de que se alegue invasión de jurisdicción.

El decreto también está encaminado a las facultades que Calderón quiere dar a las Fuerzas Armadas para que asuman el control de la seguridad interior en donde les ordene el propio presidente, lo que podría incluir la adopción de medidas como el estado de excepción (Proceso 1707).

El decreto reforma los artículos 10 y 80 y adiciona dos fracciones al mismo artículo 80 del Reglamento Interior del Ejército para que toda acción legal contra el Ejecutivo en esta materia recaiga en el titular de la Sedena y, en particular, en la PGJM.

La modificación al artículo 10, en su fracción IX, amplía las atribuciones y responsabilidades del secretario de la Defensa Nacional para que éste sea el responsable de representar al presidente en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que se presenten en la Suprema Corte.Hasta el pasado martes, esa representación se limitaba a los juicios en materia de amparo.La nueva disposición establece la obligación del secretario de “representar al presidente de la República en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que lo determine el titular del Ejecutivo federal”.Aunque el mismo artículo 10 del reglamento se refiere a las “facultades indelegables” del general secretario, la reforma dice que el titular de la Sedena podrá ser reemplazado en esta representación, de conformidad con el artículo 81 del mismo ordenamiento, que se refiere a las suplencias de los servidores públicos de la dependencia.

La reforma al artículo 80 es la que amplía las atribuciones del procurador de Justicia Militar. Ese artículo establece las atribuciones que tiene como consultor jurídico de la secretaría, pero la modificación le confiere el papel de representar al presidente de la República.

El decreto añade la fracción IV bis para asignar al titular de la PGJM la obligación de “representar al presidente de la República en todos los trámites establecidos por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política (…) en aquellos asuntos que corresponda a la Sedena representar al titular del Ejecutivo federal”.También crea la fracción IV ter para que el procurador intervenga en las controversias y acciones de inconstitucionalidad en las que el secretario de la Defensa Nacional represente al presidente de la República.

En la fracción V precisa que el procurador militar deberá representar al general secretario, al subsecretario de la Defensa Nacional, al oficial mayor y a cualquier otro servidor público de los órganos administrativos, con residencia en la Ciudad de México y zona metropolitana del Valle de México, en los juicios de amparo en los que sean parte.

El decreto no menciona la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política, relacionada con las controversias y acciones de inconstitucionalidad que debe conocer la Suprema Corte.El artículo 11 de dicha ley establece, en su párrafo tercero, que en estos dos recursos de protección constitucional el presidente de la República será representado por el secretario de Estado, por el jefe del departamento administrativo o por el consejero jurídico del gobierno, conforme lo determine el propio titular del Ejecutivo.

El diputado Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Defensa de la saliente LX Legislatura, ve en el reglamento un abandono, por parte de Calderón, de quienes han sido sus principales aliados en el gobierno.“Calderón se está deslindando de una eventual embestida institucional si se agrava el problema de las violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo en caso de que el Ejército ejerza las nuevas atribuciones que el propio Ejecutivo le quiere dar en materia de seguridad interior”, dice el diputado del PRD por el Distrito Federal.Calderón, en efecto, presentó al Senado de la República, en abril pasado, una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional para que las Fuerzas Armadas puedan asumir el control en aquellos lugares donde el propio presidente considere que está en peligro la seguridad interior.

De acuerdo con el diputado, “Calderón se está lavando las manos de las consecuencias que puedan tener los actos del Ejército. Es algo que ni siquiera hizo Gustavo Díaz Ordaz, pues asumió toda la responsabilidad sobre los hechos del 2 de octubre de 1968”.Añade: “Es un mensaje muy perverso porque, por un lado, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reta a La Familia michoacana y a la delincuencia organizada, en general, a enfrentarse con las fuerzas federales, y por otro Calderón le dice al Ejército que se defienda solo”.Suárez del Real asegura que hasta ahora la PGJM había colaborado con la Presidencia en los actos jurídicos emprendidos contra la Sedena, pero que carece de un equipo para enfrentar a otro poder –el Congreso– en el caso de las controversias constitucionales, o a diferentes instancias de gobierno en las acciones de inconstitucionalidad.

Explica que el ámbito de la PGJM es el de la aplicación del fuero militar hacia el interior del Ejército, por lo que su actuación no debe extenderse más allá de la institución. En la práctica, considera, el decreto representa una ampliación del fuero constitucional en relación con el mundo civil.“Es la respuesta que da Calderón a las demandas internacionales para que en México se acote el fuero militar”, añade.

El decreto reformó el Reglamento Interior de la Sedena que apenas había sido publicado el 29 de diciembre del año pasado, en el que se incorporó la creación de la Dirección General de los Derechos Humanos ante el incremento de las violaciones cometidas por el Ejército como resultado de los operativos contra el narcotráfico.

El pasado miércoles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que la Sedena es la institución gubernamental con el mayor número de quejas por violar las garantías individuales.Según la CNDH, de 2 mil 956 quejas que recibió en el primer semestre del año, 559 fueron contra el Ejército. Al día siguiente, el director general de los Derechos Humanos del Ejército, el general de brigada Jaime López Portillo Robles Gil, desestimó los señalamientos contra el Ejército y negó que se proteja a los militares implicados en ese tipo de violaciones.

Informó que 12 militares han sido sentenciados y 53 más están procesados por diversos delitos, entre ellos homicidio, tortura y secuestro.Dijo que esas cifras se deben a la participación del Ejército en el combate al narcotráfico y “al incremento de su presencia en las calles, lo que fomenta de forma proporcional el contacto con la población”.De acuerdo con las cifras dadas a conocer por la propia Sedena, desde la creación de la CNDH en 1990, el Ejército ha recibido 67 recomendaciones, de un total de 5 mil 937 quejas.De esas recomendaciones, 35 –más de 50% del total– se han registrado en apenas dos años y medio del sexenio de Calderón, en el que se han levantado 2 mil 461 quejas contra el Ejército.