La guerra contra el narcotráfico que Felipe Calderón se inventó para buscar la legitimidad, que no obtuvo en las urnas en 2006, tiene hoy al país al borde de la desesperación ante las 30 mil 197 muertes que se habían contabilizado desde el inicio de dicha guerra, hasta el último día del 2010.
Felipe Calderón lanzó al ejercito a las calles, sin la más mínima estrategia, a llevar a cabo labores de policía para las cuales no estaba, y aun no lo está, preparado. El resultado han sido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y por supuesto los ríos de sangre que a diario corren por todo el país, desde hace cuatro años.
Ha quedado demostrado que tener al ejercito en las calles no ha hecho otra cosa más que aumentar la violencia, los supuestos golpes a los cárteles-que curiosamente sólo se golpea a ciertos grupos delictivos en tanto que a otro pareciera que no se le toca-no han sido otra cosa más que "shows mediáticos"; por cada cabecilla que cae, surgen dos o tres más para disputarse el puesto vacante haciendo cada vez más sanguinaria esta guerra, y por lo tanto en terror que a diario se siembra en la población cada vez es mayor.
La estructura básica de los cárteles no se ha visto afectada, en tanto que las empresas lavadoras de dinero del narco no han sido tocadas y por lo tanto se les permite recomponer ante los supuestos golpes que les dan.
La descomposición social, producto del sistema neoliberal, va en aumento, lo cual es terreno fértil para que los cárteles de narcotráfico puedan seguir creciendo, la falta de oportunidades para lxs jóvenes en México hace que vean en el crimen organizado una opción de subsistencia.
México se ha convertido en un campo de batalla, donde cualquier ciudadano es susceptible de convertirse en un "daño colateral" más-este es el eufemismo que utiliza Calderón para denominar a lxs mexicanxs que han perdido la vida en su estúpida guerra-, término que resulta por demás ofensivo para los millones de mexicanxs que vemos con rabia e impotencia como nuestro país se desangra.
De esta guerra no solamente son víctimas lxs fallecidxs, son víctimas también sus padres, sus hermanxs, sus hijxs, sus conyugues, somos victimas todos y todas. Hoy por hoy el pueblo mexicano es víctima de una estrategia fallida de Felipe Calderón.
Ante el hartazgo de diversos sectores de la sociedad, un grupo de caricaturistas mexicanos, encabezados por Eduardo del Río "Rius", decidieron iniciar, el lunes 10 de enero, una campaña nacional denominada No + Sangre, como una forma de gritarle al gobierno de Felipe Calderón que no estamos de acuerdo con que se nos haya embarcado en una guerra que no pedimos y que ya estamos cansadxs de ver correr la sangre por nuestras calles y barrios.
En una entrevista para Proceso Rius expuso que a partir del 10 de enero se invitará a la sociedad a colocar en un lugar visible de sus casas, oficinas o vehículos cartulinas o papeles con la leyenda "¡No + Sangre!" (Proceso No. 1784). Esta sencilla frase es el grito de un pueblo desesperado, cansado, frustrado, lleno de rabia y dolor.
Kaos. México
Caricaturistas mexicanos lanzan campaña contra la violencia
Telesur
Los caricaturistas más famosos de México lanzaron este lunes en los diarios de mayor circulación del país una campaña en contra de la violencia ligada al crimen organizado y que ha cobrado la vida de más de 30 mil personas desde 2006.
Los humoristas gráficos usaron los lemas No + sangre y Basta de sangre en sus viñetas, en las que hicieron críticas a la estrategia de combate frontal que emprende el Gobierno de Felipe Calderón para hacerle frente al narcotráfico.
"Es increíble que México sea un país que está siendo víctima de esta ola de sangre igual que si estuviéramos en Afganistán o en Irak. Es inconcebible que se esté viviendo esto en México'', comentó el caricaturista Eduardo del Río, conocido como Rius en una emisora de radio local.
Rius consideró que esta campaña es un "llamado romántico (...) para a ver si la gente se suma a esta campaña de descontento y se manifiesta en esa forma pacífica".
Por su parte, el humorista Rogelio Naranjo basó su trabajo en una calavera vestida con harapos situada en el centro de un charco de sangre con una pancarta donde se lee No + sangre.
Adicionalmente, el artista gráfico Helio Flores elaboró una mano que sostenía una cartulina ensangrentada que decía Basta de sangre.
Por su parte, el dibujante Rafael Barajas, conocido como El Fisgón usó al presidente Felipe Calderón vertiendo sangre de un corazón a una tasa, en una obra humorística donde se observa el lema Basta de sangre.
El pasado 6 de enero, el presidente Calderón admitió que el año 2010 fue uno de los más violentos en la historia de su país, por la lucha que sostiene su Gobierno contra el crimen organizado en entidades fronterizas con Estados Unidos.
En la lucha del estado contra las bandas delictivas, el Gobierno ha desplegado unos 50 mil militares en varias zonas del país desde el año 2006 lo que ha desembocado en un incremento abrumador de la violencia.
El pasado 16 de diciembre la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) reveló que en 2010 hubo 12 mil 456 muertes violentas en el territorio, gran parte de ellas asociadas al crimen organizado.
Alto a la violencia
Editorial de La Jornada
Ante el paroxismo de violencia en el que han desembocado las acciones de la delincuencia organizada en el país y la guerra en su contra en la que se empecina el gobierno federal, resulta inocultable que las víctimas principales del conflicto en curso son la población misma, sus garantías y su seguridad, el tejido institucional y la integridad moral de la República. Las declaraciones reiteradas y los despliegues –aparatosos, pero sin resultados– de fuerzas públicas frente a escenas de barbarie y crueldad como las que se desplegaron el sábado en Acapulco son del todo inaceptables, como lo son, también, la pasividad y la inacción sociales ante esta catástrofe.
Además de los 30 mil muertos en lo que va de la presente administración, algunos saldos visibles de la estrategia oficial en materia de seguridad, legalidad y justicia son, precisamente, la destrucción de la seguridad, de la legalidad y de la justicia en extensas regiones del país, el desvanecimiento de las garantías individuales, el aumento de la impunidad y la multiplicación del poder delictivo en todos los órdenes: de fuego, de cooptación e infiltración, financiero e incluso político.
Las cifras que arrojan la procuración y la impartición de justicia son tan alarmantes como el saldo rojo: en este cuatrienio la gran mayoría de los presuntos delincuentes detenidos han resultado absueltos y liberados, ya sea por deficiencias en la integración de las acusaciones, por corrupción judicial o por una combinación de ambos factores. El resultado es, por una parte, una situación de completo desamparo de la población y, por la otra, la casi total impunidad de los criminales.
Adicionalmente, los datos –incluso los oficiales– permiten entrever que las diversas modalidades de la delincuencia conforman por sí mismas un sector económico, acaso el más pujante en el contexto de una recuperación incierta, en el mejor de los casos, o basada, en buena parte, en las ganancias del narcotráfico, como lo señalan diversos especialistas. El lavado de decenas de miles de millones de dólares cada año tendría que ser suficiente elemento de juicio para concluir que la vía de la persecución policial y militar no puede, por sí misma, derrotar a los cárteles del narcotráfico.
A pesar de los alegatos sostenidos por el discurso gubernamental en el sentido de que la mayor parte de los muertos de esta guerra han sido integrantes de las organizaciones criminales, el derecho a la vida es una garantía individual que corresponde a todas las personas, independientemente de su situación jurídica. Y, en rigor, los cerca de 30 mil individuos que han tenido una muerte violenta en el contexto del actual conflicto eran inocentes, toda vez que no fueron declarados culpables por un órgano jurisdiccional facultado para ello.
La actual administración ya no está en condiciones, en los dos años que le restan, de conseguir algo semejante a logros reales en materia de imposición del estado de derecho, como no sean acciones puramente mediáticas. Puede, en cambio, si se empecina en su fallida estrategia antidelictiva, empeorar la situación de peligro, terror y zozobra en la que viven grandes núcleos de población, comprometer la soberanía nacional más de lo que ya lo ha hecho y propiciar el avance de la desintegración institucional que ya se vive.
La defensa de la legalidad carece de sentido si no se empieza por garantizar el respeto a la más básica de las garantías consagradas en la Constitución: el derecho a la vida. Lo procedente, en consecuencia, no es priorizar el desmantelamiento de los grupos delictivos, sino la pacificación del país.
El gobierno calderonista debe asumir, de cara a la sociedad, los costos políticos de su decisión inicial: el emprender unaguerra –la expresión es de sus promotores– contra la delincuencia sin contar con la preparación institucional y operativa necesaria, sin comprender a cabalidad la extensión del problema, sin considerar sus aspectos sociales, económicos y financieros, y sin tener la legitimidad política que se habría requerido para convocar al país a la unidad y la movilización contra las organizaciones criminales.
Por definición, a la criminalidad organizada no se le puede pedir que actúe con responsabilidad, apego a derecho o sentido de Estado. Por su propia supervivencia, la sociedad tiene ante sí el deber de dirigirse a las autoridades para que éstas rectifiquen y empiecen a adoptar acciones concretas para poner un alto al baño de sangre en curso.
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