Militarizar para impedir la rebelión

Silenciosamente la ultraderecha, los empresarios, el ejército y casi todos los legisladores de los tres principales partidos políticos de México, todos bajo la tutela de la embajada norteamericana, han estado trabajando para llevar a cabo un golpe de Estado antes de que termine el actual periodo de sesiones de la Cámara de Diputados el sábado 30 de abril.

Esta semana los supuestos representantes del pueblo mexicano podrían dar su visto bueno a varios cambios a la iniciativa de Reforma a la Ley de Seguridad Nacional aprobada hace un año en el Senado, para legalizar las violaciones a los derechos humanos y las garantías individuales que desde hace cuatro años comete el ejército y la Marina en las entidades donde supuestamente combate al crimen organizado. Se trata de establecer un régimen de excepción en todo el país, donde en los hechos ya existe en varias regiones.

Sin duda se trata de una medida preventiva que busca aplacar cualquier síntoma de rebelión social en un país en crisis económica y política donde se realizarán elecciones dentro de catorce meses y la herida dejada por el fraude del 2006 sigue presente. Sólo que hoy el desempleo, la pobreza y la violencia son mayores.
El régimen tripartidista de derecha que prevalece en México en su afán por mantener el sistema socioeconómico vigente, en su modalidad de capitalismo neoliberal, desde hace varios años está implementando una estrategia encaminada a evitar la organización y desarrollo de la lucha de clases con un proyecto de transformación social.

En esa tarea se han unido el PAN, PRI y PRD, que tratarán de aprobar, antes de que termine el 61 periodo de sesiones de la Cámara de Diputados varias reformas a la Iniciativa de Reforma a Ley de Seguridad Nacional para que el ejército, la marina y fuerza aérea puedan llevar a cabo legalmente, tareas que desde hace varios años realizan violando la Constitución y que actualmente sólo lleva a cabo con una cubierta “legal” el Centro Nacional de Seguridad Nacional (Cisen).

De aprobarse la Nueva Ley de Seguridad Nacional el presidente en turno tendría facultades para utilizar a las fuerzas armadas para reprimir movimientos sociales que a su juicio pongan en riesgo la seguridad nacional, la seguridad interior o la seguridad exterior (según la nueva jerga). Para ello no sería necesario que se declarara el estado de excepción en una región o en el país previa consulta al Congreso.

El ejército es el mayor interesado en lograr los cambios a la Iniciativa de Ley de Seguridad Nacional aprobada hace un año (27.04.2010) que parece contar ya con el apoyo de legisladores de todos los partidos para que se legalicen prácticas como el espionaje, operaciones encubiertas, detenciones, cateos, allanamientos, revisiones de documentos personales, etc., de personas sospechosas de participar en actividades que vulneren la seguridad nacional.

De llevarse a efecto la aprobación de esta reforma por la Cámara de Diputados, primero, y luego por el Senado, las luchas de campesinos, estudiantes, obreros y desempleados podrían ser tachadas de terroristas y reprimidas sin mayor trámite.
Se trata de dar un golpe de estado incruento, pisoteando la Constitución Mexicana reformando una ley secundaria, con el pretexto del combate a la delincuencia organizada.

Según declaraciones del diputado Mario Di Constanzo, del Partido del Trabajo, la única manera de evitar la reforma es que un sector del PRI se oponga. Lo cual es muy improbable dado que legisladores cercanos al gobernador del Estado de México y virtual candidato del tricolor a la presidencia, Enrique Peña Nieto ya negociaron con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván y Felipe Calderón.

Otro recurso que se ha estado utilizando para infundir miedo y terror en el pueblo mexicano es la narcoguerra que ha colocado a la población civil entre dos bandos supuestamente irreconciliables: un gobierno que se dice empeñado en terminar con la delincuencia organizada y un sector de la clase dominante que en su afán por enriquecerse realiza negocios fuera de la legalidad. Bandos que en realidad se complementan para llevar a delante un jugoso negocio gracias a la prohibición de las sustancias sicotrópicas, mercancías que aportan a la economía mexicana “subterránea” sumas billonarias.

El resultado de esta manobra implementada por órdenes de Estados Unidos a cambio del apoyo que le dieron a Felipe Calderón para sostenerse en la presidencia luego del fraudulento y cuestionado proceso electoral del 2006, es hasta ahora de unos 40 mil muertos, miles de desaparecidos y huérfanos, además de decenas de miles de desplazados de estados como Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Guerrero.

La criminalización de las luchas sociales es la tónica seguida por el régimen tripartito. Lo mismo en la capital del país que en la provincia mexicana.
Ejemplos: En el estado de Chiapas, el gobierno perredista no ha cesado de atacar a las Juntas de Buen Gobierno zapatistas ni a los activistas de la Otra Campaña como sucede en Frontera Comalapa, Chiapas donde las autoridades locales junto con militantes del PAN, PRD y PV incendiaron las casas de los ejidatarios y además golpearon y vejaron a los integrantes de la Junta de Buen Gobierno Hacia la Esperanza.

En el DF las autoridades han reprimido al movimiento opositor a la Supervía.
Otra represión reciente es la que sufrieron unos cinco mil integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas que el once de abril - al cumplirse año y medio del decretazo con que Calderón terminó con su fuente de trabajo y lanzó al desempleo a 45 mil electricistas- llevaron a cabo una manifestación frente a las instalaciones de las antiguas oficinas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (L y FC), hoy en poder de la Policía Federal (PF) donde se les provocó y fueron reprimidos por esa corporación castrense reforzada por el cuerpo de granaderos del gobierno local.

A raíz de este incidente represivo fueron encarcelados once trabajadores, acusados de graves delitos, como pandillerismo y motín.

Otro obstáculo a la formación de un movimiento obrero clasista y revolucionario es el sindicalismo corporativo y economicista que sigue dominando en el país, aún en sectores en lucha como el SME, que nuevamente anunció la creación de una asociación política nacional para participar en las elecciones del 2012, lo cual no tendría nada de malo si en ese proceso levantara un programa de clase, pero dados sus recientes acercamientos con Peña Nieto, el pragmatismo de su dirección y la comprensible desesperación que embarga a los 16 mil trabajadores en resistencia, no es improbable que decidan vender su apoyo a cambio de la promesa de la creación de una empresa eléctrica que los recontrate. Pero eso habrá que verlo porque en México las promesas de campaña nunca se han cumplido